La normativa obsoleta y la descoordinación administrativa ralentizan el potencial minero de España para minerales críticos

La demanda global de minerales críticos, como el litio, el cobalto o las tierras raras, es fundamental para la fabricación de dispositivos tecnológicos y para el desarrollo de las transiciones digital y energética. Estos materiales son indispensables en productos que van desde los teléfonos inteligentes hasta los paneles solares, aerogeneradores, baterías y vehículos eléctricos.

En este contexto, la Unión Europea ha establecido, mediante el Reglamento de Materias Primas Fundamentales, objetivos ambiciosos para 2030: extraer al menos el 10 % de su consumo anual de materias primas estratégicas, procesar el 40 % y reciclar el 25 %. Además, busca evitar que un solo país tercero suministre más del 65 % de cada una, priorizando la seguridad de suministro.

España, con un significativo potencial geológico para minerales como el litio, wolframio, cobalto y tierras raras, así como una arraigada experiencia minera, se enfrenta a importantes desafíos para capitalizar estos recursos. Un análisis publicado en The Conversation España por Antonio Alonso Jiménez, del Instituto Geológico y Minero de España (IGME-CSIC), subraya que la base del sistema legal minero español sigue siendo la Ley de Minas de 1973. Esta normativa es anterior a la Constitución Española, al desarrollo del Estado autonómico, a la integración en la Unión Europea y a gran parte de la legislación ambiental vigente, lo que la hace inadecuada para la realidad actual.

El estudio, basado en la percepción de 333 profesionales, responsables públicos y académicos del sector, reveló que el 95,2 % considera la minería esencial para el desarrollo económico. No obstante, el 94 % de los encuestados identificó un conflicto entre la ordenación territorial y la regulación minera, y el 80,5 % afirmó que la ley de 1973 no se ha adaptado a los cambios legislativos y sociales posteriores.

La falta de coordinación institucional agrava la situación. Un proyecto minero en España requiere autorizaciones de la Unión Europea, el Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos, abarcando permisos mineros, evaluaciones ambientales, licencias de agua y compatibilidad urbanística. Estos trámites, a menudo gestionados de forma secuencial por distintos organismos, pueden extenderse entre seis y ocho años. Esta demora prolongada y la disparidad en la interpretación de la ley entre comunidades autónomas reducen la previsibilidad y dificultan la viabilidad de los proyectos.

El Reglamento europeo para proyectos estratégicos propone un punto único de contacto y un plazo máximo de 27 meses para su tramitación. El material sugiere que alcanzar estos objetivos no implica una reducción de la protección ambiental, sino una mayor coordinación, intercambio de información y tramitación conjunta de evaluaciones. La actual fragmentación también dificulta la participación ciudadana y la comprensión de los procesos de decisión.

A pesar de que España ha aprobado el I Plan de Acción para la Gestión Sostenible de las Materias Primas Minerales 2026-2030, con 34 actuaciones y una inversión pública de 414 millones de euros para impulsar la circularidad, investigación y coordinación, el material enfatiza que este plan no sustituye la necesidad de una reforma legislativa integral. Un marco actualizado es crucial para definir responsabilidades administrativas, integrar procedimientos, planificar el territorio, facilitar la recuperación de minerales de residuos y asegurar la participación pública desde las fases iniciales de los proyectos.