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Megaconstelaciones satelitales: la saturación orbital y el reto de su gobernanza

El crecimiento exponencial de objetos en el espacio reaviva la necesidad de un marco regulatorio internacional que mitigue riesgos para la seguridad y el medioambiente.

Los satélites son hoy una infraestructura invisible pero indispensable, sirviendo de soporte a sistemas de navegación, redes eléctricas, transacciones bancarias, telecomunicaciones, monitoreo meteorológico y observación terrestre. Prácticamente todas las infraestructuras consideradas críticas dependen, en mayor o menor medida, de los servicios satelitales.

Desde 2015, el ritmo de acumulación de satélites en las órbitas terrestres, particularmente en las bajas, ha experimentado un crecimiento sin precedentes. Este fenómeno se atribuye en gran parte a la autorización de “grandes constelaciones” y “megaconstelaciones” por parte de reguladores nacionales. Un ejemplo destacado es Starlink, de SpaceX, que cuenta con más de 9.000 satélites operativos y ha solicitado a la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos sumar hasta 100.000 satélites más a su red. Si bien esta solicitud está en trámite y no implica una autorización final, ilustra la magnitud de la expansión prevista. Proyectos similares de empresas como OneWeb, así como de China, Rusia y la Unión Europea, contribuyen a que el número total de satélites en órbita pueda superar el millón, según las solicitudes internacionales ya presentadas.

El marco jurídico espacial actual, basado principalmente en el Tratado del Espacio de 1967 y la coordinación de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), ha demostrado ser insuficiente para gestionar esta saturación. El Tratado de 1967 garantiza la libertad de exploración y uso del espacio, dejando la fiscalización en manos de cada Estado, y sus disposiciones para limitar la saturación han resultado indeterminadas en la práctica. La UIT, por su parte, coordina el uso de las órbitas como recursos naturales limitados, pero carece de facultades para regular la cantidad de satélites que cada órbita puede soportar. Esto ha llevado a que las órbitas no geoestacionarias, donde se concentran las megaconstelaciones, se rijan por un principio de “primero en llegar, primero en ser atendido” en contraste con la órbita geoestacionaria, que cuenta con mecanismos de planificación más rigurosos.

La creciente densidad de objetos en órbita plantea varios desafíos. Uno de ellos es el aumento del brillo del cielo nocturno, que podría incrementarse en un 10% con 65.000 satélites. Esto no solo afecta la investigación astronómica, sino también la capacidad de detectar y monitorear objetos cercanos a la Tierra potencialmente peligrosos, como los asteroides.

Otro riesgo significativo es la basura espacial. La Agencia Espacial Europea (ESA) reportó a 1 de febrero de 2026 la existencia de 68.450 objetos mayores a 10 cm, de los cuales solo 11.300 eran satélites activos, además de millones de fragmentos más pequeños. Esta situación eleva el peligro de colisiones en cascada, conocido como síndrome de Kessler, que podría inutilizar órbitas clave y comprometer la integridad de los satélites esenciales. Asimismo, existe un riesgo para la población en tierra, con una probabilidad del 10% de que los restos de objetos espaciales reingresen y causen heridas graves o muerte en los próximos diez años.

Finalmente, la desintegración de satélites al final de su vida útil libera metales como aluminio, cobre y litio en la atmósfera. La contaminación por óxido de aluminio ya se ha multiplicado por ocho entre 2016 y 2022, con posibles riesgos para la capa de ozono y potenciales alteraciones en la ionosfera y magnetosfera, aunque estos últimos estudios aún se debaten en la comunidad científica.

Frente a estos desafíos, se hace patente la necesidad de avanzar hacia una verdadera gobernanza internacional de las órbitas terrestres. Esto implica explorar alternativas más sostenibles para la prestación de servicios, implementar rigurosas evaluaciones de impacto ambiental antes de nuevos lanzamientos y fomentar una mayor coordinación entre los Estados para garantizar que la utilización del espacio pueda mantenerse en el tiempo sin comprometer la seguridad de las actividades espaciales ni las infraestructuras terrestres dependientes de ellas.

Fuente original: The Conversation Espaa

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